La democracia implica igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios básicos de la población, principalmente a aquella menos afortunada que ha sido arrastrada a la pobreza por la inequidad y la falta de políticas coherentes y sostenidas para alcanzar el desarrollo humano.
La salud fue negada por muchos años a las comunidades rurales, desprotegiendo a un sector de la población y condenándolo a repetir el círculo vicioso del hambre por la falta de oportunidades de trabajo.
Para atender las brechas sociales en los aspectos de la salud y de subsistencia, el Gobierno inauguró dos programas en distintos rubros, pero con objetivos similares de
servicio a la población.
Con una filosofía que combate la marginación y promueve la transparencia, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentaron el Modelo Incluyente en Salud (MIS), que beneficiará a 6.1 millones de guatemaltecos, a quienes se les acercará una atención integral a sus comunidades.
La estrategia funcionará gracias a la contratación de 6 mil 81 nuevos profesionales, a quienes se les dotará de equipo individual y serán destacados a 359 puestos de salud y 338 centros comunitarios que serán equipados con tecnología moderna, para lo cual se han adquirido mil 502 servidores y computadoras, y con 264 vehículos 4×4 y 656 motocicletas que fueron rehabilitadas.
Por aparte, también se oficializó el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, que beneficiará a 800 mil hogares entre 2016 y 2020, y a través de lo cual se apoyará a los núcleos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, para superar los problemas de inseguridad alimentaria y de desnutrición.
Para alcanzar estas metas se trabajará en el incremento sostenible de la producción doméstica, así como la diversificación de cultivos, el acceso a mercados y la inclusión en cadenas de valor. El apoyo se brindará a las familias que dependen en su totalidad de sus
cosechas, y a aquellas que cuentan con pequeños excedentes para comercializar.
Bajo la política general de Gobierno, estos proyectos priorizan los principios de garantizar los derechos humanos bajo la perspectiva de género, interculturalidad, respeto del medioambiente y, primordialmente, la descentralización de los servicios hacia la población rural.
