Para ser un Estado garante del cumplimiento de los derechos humanos se necesita realizar esfuerzos integrales.
La función de los Organismos del Estado, se fundamenta entre otras, en el desarrollo de acciones dirigidas a la garantía de los distintos derechos humanos que posee la población, es decir, que toda la acción pública realizada, proveniente de la institucionalidad propia de cada Organismo, impacta en la garantía de dichos derechos.
La función administrativa del Estado, tiene como fin, administrar la prestación de servicios, tales como la educación, y la salud, entre otros.
La función legislativa, tiene como uno de sus fines, normar las condiciones propicias para el desarrollo y la garantía del cumplimiento de los derechos de la población, así como, la de elegir al Procurador de los Derechos Humanos para la defensa de las garantías individuales contenidas en la Constitución Política de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y Convenciones Internacionales, aceptados y ratificados por Guatemala. La función judicial, tiene como fin, garantizar la justicia, la libertad y la tutelaridad de los distintos derechos económicos y sociales.
Lo anterior, nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene cada uno de los Organismos del Estado, para garantizar los derechos humanos y que para la existencia de dicha garantía, es necesario, también, mantener un seguimiento de los resultados de los entes estatales, que se enfoque en un acompañamiento hacia los mismos para fortalecer cada vez más su función.
Es necesario enfocarse, tanto en la elección de quién será el responsable de la defensa de los derechos contenidos en la Constitución Política de la República, como también, en los resultados que emanan del funcionamiento de los entes públicos, con base en la prestación efectiva de servicios que garanticen la verdadera garantía de los derechos en mención y el funcionamiento de la institucionalidad pública del país, ya que la garantía del cumplimiento de los derechos humanos solamente puede ser viable si los Estados cuentan con una institucionalidad pública fortalecida.
Para ser un Estado garante del cumplimiento de los derechos humanos, se necesita realizar esfuerzos integrales.
