La lucha contra los males enraizados en la cosa pública no debe dar tregua.
Aquella vehemencia con la que la población gritaba voz en cuello en La Plaza de la Constitución, en abril de 2015, fuera los corruptos, demandando acciones de justicia contundentes e históricas contra aquellos que resultaran implicados en actos de corrupción e impunidad, hoy, pareciera extinguirse, entregarse una vez más a su letargo. La sociedad ya no puede darse el lujo de tolerar más actos de corrupción que nos han mantenido por décadas sumidos en la displicencia y la chanza de los políticos tradicionales que ven cómo el tiempo transcurre sin la intención siquiera de recomponer el desbarajuste estatal que ellos causaron y que nos heredaron.
No es posible que la institucionalidad permanezca secuestrada por apátridas, que lo que buscan al sostener el caos, la ingobernabilidad, el engaño y la confusión, es enriquecerse bajo la condena para que el desarrollo de nuestras comunidades siga estancada, olvidada, marginada y sin esperanza de un futuro promisorio para las generaciones venideras. La lucha contra los males enraizados en la cosa pública no debe dar tregua a la recomposición de fuerzas oscuras que se alimentan de la desvergüenza y del saqueo al erario nacional y local, buscando atajos para aguijonear cualquier intento de resistencia de los ciudadanos.
No en balde, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, siguen en el destape de casos en los cuales funcionarios de gobierno, jueces, magistrados, diputados, exdiputados, exalcaldes, extesoreros municipales han sido vinculados a la corrupción que se niega a abandonar su nido el cual habita en compañía de la impunidad, pervirtiendo a diestra y siniestra a las entidades estatales. No puede existir justicia en donde la justicia no es auténtica, independiente y comprometida con la defensa del Estado de derecho que conlleva las libertades y derechos de las personas.
Los guatemaltecos debemos seguir afilando nuestra conciencia ciudadana y no desmayar para no caer en el conformismo y en la complicidad de un sistema corrupto y corruptor, que se rehúsa a cambiar porque le conviene conservar un estado anárquico en el cual la vieja política siga reinando sin que nadie se lo impida. No podemos esperar resultados distintos si se hace y se consiente lo mismo. Toda vez que hay que reformar tanto al sistema de justicia como al poder Legislativo y al sistema electoral, pues lo que menos se evidencia, por un lado, es aplicar con drasticidad la ley contra los casos de corrupción y, por el otro, la nula representatividad del pueblo y la indefensión de sus intereses, no digamos sus peticiones. No podemos seguir como estamos con ese modelo cooptado que lo que menos impulsa son programas de interés común, empero, fomenta iniquidad y reabre las puertas de la corrupción, la impunidad y otros demonios. Ahora bien, ¿continuará la sociedad esperando la ruta que tomarán las reformas al sector justicia y constitucionales? Ya que ha sido materia pendiente por la conveniencia de ciertos sectores que se robustecen poniendo obstáculos a lo exigido por la población.
