Las fuerzas de seguridad comenzaron ayer el despliegue en los municipios Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, de mil 500 militares apoyados por 500 efectivos de la Policía Nacional Civil, acompañados de funcionarios de diversas instituciones para garantizar que todas las acciones
estén dentro del marco de la Ley y el respeto a los derechos humanos.
Es de resaltar que en la primera jornada en el campo se retomó el control del lugar pacíficamente, un operativo que recibió un amplio apoyo por parte de los vecinos de ambas jurisdicciones, quienes están volviendo a sus actividades cotidianas de forma normal.
Los elementos comenzaron a incursionar en la zona con vehículos artillados y blindados, la medianoche del miércoles, con la consigna de resguardar la seguridad de la población.
Todo ello es parte de las medidas adoptadas, amparadas en el estado de sitio decretado por el presidente Jimmy Morales en Consejo de Ministros el 11 de este mes y avalado por el Congreso el lunes, el cual tiene 5 objetivos: 1) erradicar los cultivos de amapola; 2) detener a los pobladores que cometan delitos; 3) decomisar los fusiles y armas ilegales y destruir trincheras y refugios; 4) restablecer los sistemas de salud, educación y agua potable, y 5) el retorno a sus viviendas de los pobladores desalojados durante el conflicto.
Ambas circunscripciones mantienen un litigio que se inició en 1933, cuando Ixchiguán fue elevado a categoría de municipio, pero en el instrumento legal emitido en esa ocasión no se definieron con claridad los límites con Tajumulco.
No obstante, la presencia de estructuras, como trincheras, búnkeres y parapetos, además del uso de armamento de grueso calibre, hizo que las instituciones de inteligencia civil y castrense establecieran que grupos de narcotraficantes estarían detrás del conflicto desatado la semana pasada en el lugar.
En tal sentido, una de las primeras cosas que harán es la erradicación de 5 millones de matas de amapola que se han detectado en por lo menos 6 puntos.
Luego, como bien lo reconoció el mandatario, el desafío es atender a estos guatemaltecos que ahora van a necesitar del apoyo del Gobierno con programas de alimentos, ayuda económica y asistencia técnica en los próximos meses, para que puedan sustituir el cultivo de esta droga por siembras legales que les permitan vivir de manera digna.
