Para cerrar las brechas en el combate al lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo, Guatemala debe actualizar seis leyes durante este año, manifestó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos, durante un encuentro regional en el que se abordó este tema.
“Como resultado de la evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hizo en 2016, el país debe modificar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, el Código de Comercio y el Código Penal, entre otros”, comentó Arévalo.
Amenazas
En su informe, el organismo internacional determinó que las principales amenazas para la economía nacional son el narcotráfico, el transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión.
Asimismo, sostuvo que los casinos, videoloterías y los abogados y notarios tienen un nivel alto de vulnerabilidad, debido a que no están sujetos a normativas antilavado.
En el caso de los profesionales del Derecho, Arévalo dijo que en unas semanas enviarán al Congreso una propuesta para reformar el Código de Notariado, y así cumplir con las exigencias de Gafilat, que en julio realizará una evaluación.
Denuncias
Noé Nehemías Rivera, de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), quien también participó en el foro, indicó que 3 de cada 10 denuncias que conoce esa unidad son por extorsión.
“Al momento de legislarse la autonomía del delito de lavado de dinero se logró una mejora en la persecución penal, porque para su enjuiciamiento no se requiere de procesamiento o sentencia ni condena relativa a un hecho ilícito que originó los bienes”, resaltó el fiscal.
Reportes
Al 5 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 590 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS); de esa cifra, 209 fueron utilizados para presentar 39 denuncias en el MP por supuestamente haberse lavado Q2 mil 428 millones en los bancos.
“La mayoría de los casos que conocemos son derivados de los RTS, y si no fuera por la Intendencia de Verificación Especial estos reportes no llegarían al sistema de justicia”, expresó Anabella Cardona, magistrada presidenta de la Sala de Extinción de Dominio.
