El Grupo de Acción Financiera (Gafi), una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales, comenzó una visita para analizar las reformas legales hechas por Panamá, tras el escándalo de los llamados Panama Papers.
Durante 2 semanas, el Gafi, que agrupa a 32 países y 2 organismos regionales, se reunirá con funcionarios de distintas instituciones relacionadas al sistema financiero para ver los adelantos realizados en el país canalero contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Este grupo, con sede en París, había sacado a Panamá de su lista gris a inicios de 2016, pero poco después se dio a conocer el caso de los Papeles de Panamá, que reveló que desde un despacho panameño de abogados se crearon infinidad de sociedades opacas.
Una parte de esas compañías habrían servido presuntamente a personalidades de todo el mundo para evadir impuestos y lavar dinero procedente de actividades ilícitas.
Reformas aplicadas
“Si pasamos bien la evaluación quiere decir que Panamá está haciendo lo que tiene que hacer para combatir” estos actos ilícitos, manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, en una entrevista transmitida en el canal Telemetro.
Pero, “si no pasamos, Panamá seguiría nuevamente incluida en una lista discriminatoria, la famosa lista gris, y eso podría tener consecuencias para toda la economía nacional”, añadió.
Luego del escándalo Panamá apuró una serie de reformas legales para blindar su sistema financiero, como la prohibición de las acciones al portador o la creación de un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas.
Además, firmó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un convenio para intercambiar información fiscal de forma automática a partir de 2018 con no menos de 100 países.
“Hay una percepción de que Panamá no ha hecho lo suficiente (contra el blanqueo), pero yo puedo decir que la normativa panameña es de vanguardia”, afirmó De la Guardia.
El ministro también indicó que el Gobierno está considerando la posibilidad de que la evasión fiscal sea tipificada como delito, siguiendo así recomendaciones de diversos organismos.
