El conflicto entre las comunidades de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, data de 1933, cuando fue creado el primer distrito citado. Desde entonces ha ocurrido una serie de enfrentamientos que se fueron agravando por el desinterés de administraciones que no actuaron con la
voluntad política indispensable.
Ese problema fue hecho público una y otra vez por distintos sectores, como líderes locales, alcaldes y la Iglesia católica, que pedían la intervención del Estado para pacificar el lugar y evitar más litigios y muertes.
El asunto tiene sus orígenes, según registros históricos, en la tenencia de la tierra y los nacimientos de agua, aunque ahora la disputa se vincula con intereses del crimen organizado, entre ellos el narcotráfico, como en su oportunidad lo denunció el Obispado marquense.
Es hasta ahora que el conflicto se está tratando por la vía adecuada, mediante la Comisión Nacional del Diálogo, que intervino para crear una mesa que involucra a las partes en contienda y a las autoridades ediles, acción que ha permitido que el caso avance un 80 por ciento.
El porcentaje restante corresponde a un tema complejo, pues hay grupos de pobladores que portan armas de alto calibre, por lo que ese aspecto debe ser tratado de manera especial, pues implica una serie de medidas que no es competencia únicamente del Ejecutivo.
Por ello, ayer, luego de una reunión extraordinaria de Gabinete en la que se trató este asunto, el presidente Jimmy Morales instruyó a los funcionarios correspondientes encontrar una salida integral al problema.
En este sentido, ya se están buscando acercamientos con la Junta Directiva del Congreso, para evaluar posibles medidas en un marco de legalidad que permita tomar acciones en el corto, mediano y largo plazo en esos lugares.
Se está actuando en la línea correcta, pues la intervención no es solamente reactiva, como ocurría en el pasado, sin tomar en cuenta que se ponía en riesgo la integridad de la población y de las autoridades.
El diálogo debe prevalecer como una vía para alcanzar acuerdos en este caso, y un ejemplo reciente es la liberación, el fin de semana, de 17 agentes de la Policía Nacional Civil retenidos en esa región, sin que se registraran incidentes durante su rescate.
