Brenda Viviana Domínguez Girón, de 16 años, dejó de existir la madrugada del 29 de abril de 2017, víctima de la intolerancia y la brutalidad de un piloto enloquecido que, sin detenerse a pensar las consecuencias de sus actos, no dudó ni un segundo en arrollar a un grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales II que bloqueaba el 26 del mismo mes y año, la calzada San Juan, zona 7 capitalina, para exigir el cambio de director.
Ciertamente, la población está cansada de las manifestaciones en las cuales se obstruyen las calles y carreteras principales del país, impidiendo el paso de vehículos, siendo la manera que los inconformes han encontrado para hacerse oír y conseguir la atención de las autoridades de turno, sin importar el derecho a la libre locomoción de terceras personas afectadas en sus diversas actividades. Vale mencionar que el derecho a protestar está garantizado en la Constitución Política de la República, empero, se debe contar con la mayoría de edad, para responsabilizar a quiénes resulten involucrados cuando la situación se salga de control como en ese incidente. Aludo eso porque ¿a quién se responsabilizará por incitar a los menores de manifestar tomando la calzada San Juan, causando ese trágico desenlace?
Sin embargo, en momentos coléricos en los que se pierde la razón, no es la forma de dispersar a los manifestantes con acciones salvajes que podrían cambiar en segundos la vida de los implicados. Toda vez que el supuesto autor de la muerte de la adolescente, Jabes Emanuel Meda Maldonado, de 25 años, hoy es acusado por el Ministerio Público (MP), de asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones gravísimas y maltrato contra personas menores de edad, por utilizar el vehículo como un arma al acelerar la marcha e impactar contra la integridad física de los estudiantes.
Por ello, es imperativo que se medite y se analice detenidamente acerca de la tragedia que marcó la vida de dos familias para que sirva de ejemplo a manifestantes y pilotos de automóviles que pudiesen estar en situaciones similares, y que por actos irresponsables e irracionales echen a perder su vida y la de otra gente. En tal sentido, la vida de una jovencita que soñaba con ser abogada, hoy tristemente en el cementerio y la de un hijo de la intransigencia y la bestialidad imperantes para con nuestros semejantes, al que le esperan por lo menos 65 años de cárcel. La condena por lo sucedido en las redes sociales tuvo todo tipo de comentarios algunos fuera de lugar, en contra y en favor de los señalados condenando anticipadamente a los alumnos, por un lado y, por el otro, al posible victimario. Ahora bien, serán los órganos encargados de impartir justicia los que comprueben la culpabilidad o inocencia del imputado en los hechos que cobraron la vida de la estudiante y causaron lesiones a otros más. Se deben tomar las medidas preventivas que garanticen la vida de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones para que no sucedan casos como el anteriormente descrito.
