El Día Internacional del Trabajo brinda la oportunidad para celebrar todos los logros que en la materia se han alcanzado de forma global, así como local, entre ellos la jornada laboral de ocho horas, el sistema de jubilación, además del derecho a vacaciones y licencias por enfermedad o maternidad.
Sin embargo, también da un momento para evaluar los problemas y retos que tiene el país para combatir las irregularidades que obstáculizan una verdadera justicia en este campo que permita que hombres, mujeres, jóvenes e indígenas tengan acceso igualitario a las fuentes de trabajo y a las oportunidades de emprendimiento.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 3-2016, en Guatemala hay una tasa de desempleo de 2.4 por ciento y una Población Económicamente Activa de 6 millones 600 mil ciudadanos, lo que en teoría refleja un alto índice de ocupación. No obstante, la mayor parte de esta corresponde a la informalidad. Ello implica que hay una considerable porción de trabajadores que no goza de los beneficios alcanzados y no está afecta al Código de Trabajo.
El Gobierno ha establecido acciones para contrarrestar esta problemática. En principio se implantó e impulsó la Política Nacional para el Empleo Digno, cuya meta es la creación de 1 millón de plazas en 10 años, con un enfoque inclusivo.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo hace una fuerte labor para la reglamentación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo; entre ellos, el 169 y el 175.
En el primero se han tomado medidas en lo referente a la eliminación y erradicación del trabajo infantil, el cual entorpece el desarrollo de los niños y niñas, cuya educación se ve truncada perjudicando su capacidad futura para alcanzar mejores empleos.
En el segundo se hacen los esfuerzos necesarios para normar el trabajo a tiempo parcial, lo que busca que quienes laboran a medio tiempo cuenten con las mismas prerrogativas de los que lo hacen en jornadas completas.
Adicionalmente, las autoridades educativas luchan por adecuar los contenidos que reciben los estudiantes para que se dediquen a actividades propias de su región o localidad, a efecto de que estos jóvenes no sufran la desocupación y puedan ayudar a sus comunidades. Las acciones enumeradas ponen de manifiesto el interés del Gobierno por fortalecer el marco que atienden las relaciones laborales y con ello responder a las expectativas ciudadanas.
