Sesan incentiva la participación ciudadana y promueve el compromiso personal de superar la desnutrición del país.
La participación ciudadana, se establece como principio rector de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para permitir la coordinación articulada entre las instituciones del Estado y los ciudadanos, en ejercicio responsable de sus derechos.
Existen cuatro problemas sensibles mundialmente que ocupan la agenda pública en la definición de sus políticas: el desarrollo, la seguridad, la democracia y la enajenación. Toda acción que en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional se planifique, tiene el objetivo de satisfacer aquellas necesidades que permitan alcanzar el bienestar, la paz, la libertad y la identidad.
Es en este contexto que la participación ciudadana, a través de la descentralización en los niveles central, departamental, municipal y comunitario, cobra sentido, ya que fortalece el tejido social, permite el desarrollo de procesos de planificación, en el cual la necesidad de la población se transforma en el eje central de atención de la política pública.
Consolidar la actuación del aparato estatal, converger con los gobernados y armonizar con los organismos de cooperación presentes en un territorio, optimiza y direcciona la inversión de los recursos, focaliza y prioriza las necesidades de atención, crea oportunidades para el desarrollo y favorece las economías locales.
Para la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es importante fortalecer la participación ciudadana en el ámbito municipal, que cuenta con 330 comisiones municipales de SAN, integradas y funcionando activamente, las cuales deben fortalecerse con la participación social.
Una participación ciudadana responsable, permite el ejercicio de los derechos a través de la auditoría social, con la cual se impulsa la transparencia y se direcciona la actuación del Estado para lograr la eficacia de la gestión por resultados.
El ejercicio responsable de los derechos de los gobernados conlleva asumir un rol activo y comprometerse con el logro de los objetivos y, en ausencia de disposiciones valorativas de naturaleza jurídica, debe exaltarse el valor moral de las personas, las comunidades para que toda práctica se impregne en el actuar en beneficio de los deberes sociales y de conciencia que requiere el bien común.
