Las autoridades de Guatemala y México acordaron continuar un proceso judicial para extraditar al exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, detenido el sábado en Sololá.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, sostuvo en una rueda de prensa que Duarte ingresó de manera ilegal en territorio guatemalteco y que conforme a la Ley procedía su expulsión.
Sin embargo, afirmó, se acordó junto con las autoridades mexicanas que se siguiera el proceso judicial para la extradición conforme a un tratado en la materia que tienen vigente los dos países.
Rivas comentó que la captura del exgobernador fue un trabajo coordinado entre la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Inteligencia Civil de su cartera, en coordinación con México, que los había alertado de la fuga de Duarte hace 3 o 4 meses.
“Se obtuvo la alerta de que familiares iban a viajar a Guatemala y se desarrolló todo un esquema táctico de seguimiento desde San Marcos (frontera con México) y eso nos llevó a Sololá”, explicó.
Precisó que en uno de los hoteles del municipio de Panajachel se confirmó la presencia de Duarte y se desarrolló el operativo para su captura, sin alterar el orden público, debido a la Semana Santa.
“La acción fue limpia, sin un solo disparo”, resaltó el ministro, y añadió que aún cuando procede su expulsión por haber ingresado ilegalmente en Guatemala, “una decisión que compartimos con las autoridades mexicanas es que se procediera de acuerdo a la extradición”, recalcó.
Detalló que al momento de la captura se le decomisó al exgobernador un pasaporte de origen mexicano, pero añadió que “estamos seguros que él traspasó la frontera por cualquier de los 100 puntos que se tiene a lo largo de la frontera con México”.
Rivas agregó que continúa la investigación para determinar si Duarte tiene propiedades o cuentas bancarias en Guatemala, y también contra las personas que le facilitaron toda la logística para que estuviera en este país.
Según las leyes guatemaltecas, la Procuraduría General de la República (PGR) de México tiene un plazo máximo de 60 días para presentar las pruebas de la acusación contra el exgobernador de Veracruz en las que se basa la petición de captura y extradición, lo cual se inició desde el sábado.
Duarte, de 43 años y quien guarda prisión provisional en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital guatemalteca, tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre 2012 y 2015, Duarte desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de ese país.
El abogado defensor en México, Alejandro Jaimes, dijo hoy a una radio mexicana que el exgobernador aún no define si aceptará o no la extradición a su país, toda vez que aún no ha sido solicitada formalmente por el Gobierno de México.
Jaimes señaló que en caso de ser extraditado, lo más probable es que Duarte sea recluido en un penal de máxima seguridad federal.
* Con información de ACAN- EFE
