Fortalecer la administración pública es esencial para el cumplimiento de compromisos internacionales.
El ejercicio de la gestión gubernamental implica el impulso y desarrollo de diversas acciones por parte de la institucionalidad
pública, orientadas a materializar las directrices políticas y administrativas impulsadas por los tomadores de decisión del ámbito público provenientes de disposiciones fundamentadas en la Política General de Gobierno y en compromisos internacionales a los cuales se adhiere el Estado de Guatemala.
Es necesario preparar a los entes administrativos para cumplir con los objetivos plasmados, tanto en lineamientos de conducción política como en diversas iniciativas impulsadas a nivel internacional, de las cuales se apropian los gobiernos en turno para orientar su accionar hacia el cumplimiento de los deberes del Estado.
La actualización y preparación de los ejecutores de acciones públicas con el fin de cumplir dichos compromisos contribuirá de mejor manera hacia el logro de resultados gubernamentales, ya que cada vez más se contará con el recurso humano idóneo para elaborar, ejecutar y evaluar los planes, programas, políticas y acciones institucionales orientadas hacia el cumplimiento de lo establecido en compromisos internacionales adquiridos por el Estado, tales como convenios, pactos, tratados y en los adquiridos como Estado miembro en organismos internacionales a nivel multilateral.
Actualmente resulta de suma importancia para el desarrollo de la sociedad guatemalteca contar con la institucionalidad pública garante del logro de los resultados contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mejorar los indicadores de desarrollo humano, para ser cada vez más un Estado garante del cumplimiento de los derechos humanos de la sociedad.
Los entes cooperantes, tales como las agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, requieren de la existencia de entes públicos garantes de gestionar recursos para el logro de resultados, razón por la cual es imperante el impulso de espacios de concertación y diálogo para que el funcionariado público conozca, analice y plantee propuestas de las cuales deben apropiarse los entes públicos para que el Estado logre sus metas con respecto a los compromisos internacionales.
La agenda pública no solo es conformada por disposiciones planteadas a nivel interno por parte del Organismo Ejecutivo, sino también por acuerdos previos existentes de observancia a nivel internacional.
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