El Congreso aprobó el protocolo para someter a consulta popular el diferendo con Belice, el cual sería conocido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El referendo costará Q300 millones, para lo cual se busca el apoyo financiero de “EE. UU. e Inglaterra, como partes interesadas, pues Guatemala antes debe realizar el (proceso) que ratifique o impruebe las reformas constitucionales”, dijo el presidente del Legislativo, Mario Taracena.
La normativa deberá ser sancionada por el mandatario Jimmy Morales, y, posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral definirá la fecha del plebiscito.
Voluntad política
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el instrumento expresa la voluntad del país por solucionar las discrepancias entre ambas posiciones.
Para Édgar Gutiérrez, excanciller y actual coordinador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la medida es una muestra más de que Guatemala desea encontrar una salida jurídica y pacífica a un asunto que viene de muchos años.
“Pese a que en 1994 se reconoció la independencia de Belice, siempre se ha mantenido el reclamo territorial, y desde entonces ha propuesto que se resuelva vía un arbitraje o una corte internacional”, subrayó Gutiérrez.
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