Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmarán el 11 de noviembre un documento que dará vida al mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, que evitará que esas agrupaciones reciban fondos de estructuras criminales, informó la magistrada presidenta en funciones de esa institución, María Eugenia Mijangos.
Una unidad especializada será instaurada, con la colaboración de la Contraloría General de Cuentas, las Superintendencias de Administración Tributaria, de Telecomunicaciones y de Bancos. También tendrá el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Más fiscalización
Iván Velásquez, titular de la CICIG, afirmó que la dependencia que se creará contará con herramientas para ejercer un control profundo en las finanzas de los partidos políticos, y no puramente en la formalidad.
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