Con 88 votos favorables, el Congreso aprobó el Decreto 47-2016, el cual avala el protocolo para someter a consulta popular el diferendo territorial con Belice, para que sería conocido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El referendo costará Q300 millones, que se solicitan a “EE. UU. e Inglaterra, como partes interesadas, pues Guatemala antes debe realizar el que ratifique o impruebe las reformas constitucionales”, dijo el presidente del Legislativo, Mario Taracena.
La medida deberá ser sancionada por el mandatario Jimmy Morales y, posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral definirá la fecha del plebiscito.
Voluntad política
Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el instrumento expresa la voluntad del país de solucionar en definitiva las discrepancias territorial, insular y marítima entre ambas partes.
Para Édgar Gutiérrez, excanciller y actual coordinador del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la medida es una manifestación más de Guatemala de querer darle una salida jurídica y pacífica a un asunto que viene de muchos años.
“Pese a que en 1994 Guatemala reconoció la independencia de Belice, siempre ha mantenido el reclamo territorial y desde entonces ha propuesto que se resuelva vía un arbitraje o una corte internacional. Ahora se espera que Belice corresponda al gesto guatemalteco”, subrayó Gutiérrez.
Deja un comentario