El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala impulsan reformas al Código Procesal Penal para simplificar la resolución de los juicios que se desarrollan en los tribunales.
La iniciativa de ley pretende descongestionar el sistema, al cual ingresan muchas más denuncias de las que se logran evacuar. Ello se alcanzaría al adoptar el mecanismo de la aceptación de cargos.
De acuerdo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Rojas, una estructura judicial que no tome en cuenta “componentes alternativos para emitir las conclusiones en un lapso adecuado, será insostenible”.
Reducción de penas
El proyecto contempla que admitir las imputaciones se concibe como una decisión libre, consciente, voluntaria, asesorada por la defensa técnica, que beneficia al delincuente con incentivo de rebaja de pena, pero también a las víctimas, porque lo condiciona a la indemnización integral de los daños.
Otro de los puntos establece que todo beneficio monetario que se haya producido por el hecho ilícito cometido, se devolverá a las arcas del Estado. “Con ello se consolida el paradigma de que el delito no paga”, explicó Rojas. Además, el transgresor asume el compromiso de actuar como testigo en contra del resto de los implicados.
Ventajas
Si el acusado reconoce la responsabilidad durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le reduzca el castigo en un 50 por ciento. Si lo hace más adelante, se disminuye en una tercera parte, y si lo hace después de iniciarse el juicio, en una quinta fracción.
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, con la propuesta se contribuye al “deshacinamiento de las cárceles, tomando en consideración que la mayoría de la población interna es la que se encuentra en prisión preventiva”.
Asimismo, Juan Alberto Guevara, litigante en el ramo penal, civil y de familia, opinó que esta gestión ayudaría “en gran porcentaje a los casos judiciales, porque se realizarán en menos tiempo”.
Reinserción social
Adicionalmente, el documento incluye el eje de la reinserción en el contexto social, con lo cual se allana el camino para que se materialice el objetivo resocializador y rehabilitador que se busca a través de la sanción y la privación de la libertad.
El sistema de justicia guatemalteco está respaldado por la Constitución Política de la República y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normativas.
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