La Sala de Mayor Riesgo asignó al Juzgado Noveno del Ramo Penal, como el órgano contralor del caso de Impunidad y Defraudación, en el que se vincula a la empresa Aceros de Guatemala, por supuesta defraudación fiscal.
Dicho fallo se da como consecuencia de la inhibición del juez Miguel Ángel Gálvez para conocer el proceso, con el argumento de que no guardaba relación alguna con el de “La Línea”, por lo que correspondía a otra judicatura realizar las diligencias.
La decisión del juez fue impugnada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien figura como querellante adhesiva, al señalar que, contrario a lo que manifestaba Gálvez, sí existía una relación entre ambos casos.
La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción liderada por los sindicados Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Geovani Marroquín Navas -ambos vinculados en el caso de defraudación aduanera “la línea”- para obtener la desestimación de tres querellas contra Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82. El fin de la estructura era no sólo librar a Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.
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