Allan Marroquín, exinterventor de la Portuaria Quetzal, fue capturado en Estados Unidos y se espera que sea deportado entre hoy o mañana al país en el Aeropuerto La Aurora.

Marroquín es señalado por el Ministerio Público de integrar la estructura que cobró sobornos a la española Terminal de Contenedores Quetzal. El juzgado de mayor riesgo B emitió una orden internacional en mayo de este año.

Allan Herberth Marroquín Castillo, exinterventor de la Portuaria Quetzal, fue capturado en Estados Unidos y se espera que sea deportado entre hoy o mañana al país, adonde ingresará por el Aeropuerto La Aurora.

Marroquín es señalado por el Ministerio Público de integrar la estructura que cobró sobornos a la empresa española propietaria de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). El 6 de mayo se le solicitó al Gobierno de los Estados Unidos la detención provisional con miras a una solicitud formal de extradición formulada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal por procesos en la judicatura de Mayor Riesgo B del municipio de Guatemala, por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo. 

La solicitud que se formula está basada en el Tratado de Extradición entre Guatemala  y los Estados Unidos de América y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Por esta trama aún continúan prófugos el argentino Mauricio José Garín, el español Ángel Pérez-Maura García, William Anthony Schwank López, Guillermo Abraham Lozano Bauer y Raúl Osoy.

El portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Diego Álvarez, dijo a una emisora local que los detalles sobre esta captura aún no están claros, pero se sospecha que Marroquín fue detenido en Miami y será extraditado a Guatemala en los próximos días.

Marroquín está implicado en la red de corrupción TCQ por las obras de ampliación de Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, red supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.

Pérez Molina y Baldetti exigían el pago de un soborno de unos US $30 millones para la adjudicación del proyecto, de los que US $24.5 millones estaban destinados a los socios locales (entre ellos los dos exfuncionarios), US $5 millones a unos socios argentinos y US $500 mil para gastos.

La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

APM Terminals es dueña del 85 por ciento de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, mientras que el otro 15 por ciento es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La firma holandesa pagó en septiembre US $32.7 millones correspondientes a una multa total de US $43.2 millones, aunque estos fondos no estarán disponibles hasta que el Congreso apruebe el convenio que se negoció con la empresa tras la desarticulación de la trama.

El usufructo será reemplazado, a través de una iniciativa de ley, para permitir que EPQ pueda otorgar una concesión directa a TCQ, pero el Congreso de Guatemala, de quien dependía la aprobación final de todos estos puntos, aún no lo ha conocido en pleno.

*Con información de EFE