Venezuela vive otro capítulo del conflicto de poderes en que está enfrascada desde hace diez meses: el presidente Nicolás Maduro aprobó por decreto este viernes el presupuesto nacional, desconociendo al parlamento de mayoría opositora.
Ante cientos de partidarios, Maduro firmó las cuentas que regirán la administración económica y financiera del Estado para 2017, tras recibir autorización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al gobierno.
El TSJ ha bloqueado todas las iniciativas del parlamento, dominado desde enero por la oposición por primera vez en 17 años de hegemonía chavista.
¿Por qué la justicia dio vía libre a Maduro?
Hace dos días, el TSJ le quitó al Legislativo una facultad constitucional según la cual “la ley especial de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea conjuntamente con la ley de presupuesto”.
“Estamos entrando en una ruptura del orden democrático. La crisis política está dentro del Estado y lo ha roto por dentro con el desconocimiento de las decisiones legislativas”, aseguró el politólogo Luis Salamanca.
El Supremo determinó que el parlamento está en desacato porque su directiva juramentó a tres diputados opositores cuya elección estaba suspendida por una demanda de fraude del oficialismo, hasta ahora no resuelta.
En la sentencia que autorizó a Maduro a decretar el presupuesto, revelada por el propio presidente, el TSJ reiteró que todos los actos de la Asamblea serán nulos mientras permanezca en desacato.
Para el abogado constitucionalista Jesús Silva, hay una “autodisolución” de la Asamblea por su “propia infracción jurídica” y no puede tramitar el presupuesto, ante lo que el poder judicial debe suplir esa omisión legislativa.
¿Qué validez tendrá ese presupuesto?
El constitucionalista José Ignacio Hernández aseguró a la AFP que se trata de un presupuesto “de facto” o “paralelo”, por lo que los compromisos derivados de este no tendrán soporte legal.
“Ese presupuesto no tiene validez jurídica y podrán desconocerse los gastos, compromisos y contratos celebrados en ejecución de ese contrato”, aseguró.
Agregó que por ley el parlamento deberá ejercer el control del mismo y requerir información económica para determinar su buen manejo, en tanto que la Sala Constitucional del TSJ no tiene ni las facultades ni experticia técnica para asumir esa función de vigilar y garantizar el uso y desempeño transparente de las partidas.
¿Qué implicación tiene para el país?
Los analistas económicos advierten que esta situación limitará la capacidad del gobierno de contraer deuda, en un país golpeado por el desplome de los precios del petróleo, fuente del 96 por ciento de sus ingresos, y altamente dependiente de las importaciones de alimentos, otros productos básicos e insumos.
El analista económico Jesús Casique señaló a la AFP que esto generará inseguridad jurídica e inestabilidad, lo que afectará la imagen del país en los mercados internacionales. “Va a afectar el nivel de riesgo país de Venezuela, que es de los más altos del mundo”, apuntó.
“Cualquier litigio futuro sería resuelto por el tribunal extranjero que conocería de cualquier reclamo contra la República, y puede considerar que el presupuesto no es válido”, aseguró Hernández.
*Con información de AFP
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