Los delitos por los que fueron sentenciados son: falsedad, estafa, cohecho activo y pasivo, usurpación de calidad uso de documentos falsos. Entre todos suman 350 años de cárcel por delitos comunes y por asociación ilícita 102 años de prisión y multas aproximadamente Q. 250 mil quetzales.
Se ordenó la cancelación de todas las inscripciones de despojo de inmuebles y se certificó lo conducente contra 25 personas, se inhabilitó a los 15 notarios para el ejercicio del notariado y a los acusados que gozaban con medida sustitutiva les revocó la medida y fueron aprehendidos.
Las investigaciones
Durante las investigaciones, el MP identificó que la agrupación criminal funcionaba desde el año 2000; y se estableció que la estructura criminal identificaba un bien inmueble y estudiaban el perfil de la víctima para así facilitar la acción delictiva, ya que en algunos casos las personas eran adultos mayores o que vivían en el extranjero.
Durante la audiencia la Fiscalía presentó un promedio de 150 testigos y 70 peritajes, y declaración de las personas afectadas.
Durante las investigaciones realizadas por el MP se comprobó que esta banda se dedicaba presuntamente a la apropiación y despojo de viviendas con documentos falsos desde el año 2000.
La Fiscalía estableció que la estructura criminal identificaba un bien inmueble, posteriormente estudiaba el perfil de la víctima para así facilitar la acción delictiva, ya que en algunos casos las personas eran adultos mayores o vivían en el extranjero.
Los notarios registraban los bienes inmuebles a nombre de un testaferro, este los vendía a precios accesibles a una tercera persona quien adquiría las propiedades.
Los abogados falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compraventa y de esta manera operaban las inscripciones en el Registro General de la Propiedad.
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