El Tribunal Supremo de EE. UU. rechazó reconsiderar el caso de las medidas migratorias del presidente Barack Obama y acabó con las esperanzas de los casi 5 millones de indocumentados que podrían haber frenado su deportación con esas políticas.
La negativa del Tribunal Supremo significa que Obama no podrá implementar su plan antes de dejar la Presidencia, el próximo 20 de enero, y que la política migratoria de EE. UU. queda ya en manos del próximo inquilino de la Casa Blanca, que saldrá elegido el próximo 8 de noviembre.
Además, el fallo del Tribunal Supremo convierte en definitiva la decisión de junio pasado, cuando se registró un empate entre los 4 jueces progresistas y los 4 conservadores de la corte, por lo que prevaleció el bloqueo a las medidas migratorias decidido por un juzgado inferior.
La ausencia de un noveno magistrado, que podría haber sido clave para el desempate, obedece a la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia y la negativa de la mayoría republicana del Senado para aprobar el nombramiento de Merrick Garland propuesto por Obama.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reconoció que el Gobierno está decepcionado con la decisión judicial, pero aseguró: “No tendrá ningún impacto en las normativas fijadas por el mandatario” y que establecen que los criminales o personas con antecedentes penales deben ser deportados de manera prioritaria frente a las familias.
La decisión del Tribunal Supremo supone un revés para el Ejecutivo, que a través del Departamento de Justicia pidió en julio a la corte que reconsiderara el caso cuando la máxima instancia judicial estuviera completa.
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