Una modificación a la Ley de Probidad, que propone la bancada Convergencia como una medida en pro de la transparencia y evitar el enriquecimiento de fondos del Estado, obligaría a todos los funcionarios a presentar de manera pública su estado patrimonial antes y después de fungir como servidores en las instituciones gubernamentales.
La actual normativa establece que la declaración de los funcionarios debe ser privada y únicamente es conocida por la Contraloría General de Cuentas, manifestó Álvaro Velázquez, de dicha agrupación.
No obstante, con el cambio, que se daría en el artículo 21 de la referida norma, la propuesta es que el estado de los bienes de los funcionarios debe divulgarse como parte de la información de oficio que establece el inciso 29 del artículo 10 de la Ley de la Información Pública.
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