Análisis institucional

Las instituciones públicas son las principales ejecutoras de acciones orientadas a satisfacer el interés público, ya que tienen como mandato el desarrollo de propuestas orientadas a cumplir con el fin del Estado.

Dichos entes gubernamentales, al ser sujetos del análisis público ciudadano  y gubernamental, deben encontrar una oportunidad para poder mejorar su función.

Las instituciones públicas, como toda organización o entidad que posee fines específicos, no son perfectas, deben impulsar procesos permanentes de mejora continua en la prestación de los servicios públicos que  les  son encomendados por mandato establecido en sus leyes orgánicas y reglamentos.

Por esa razón, los entes públicos son uno de los principales catalizadores del desarrollo, no pudiendo existir este en un Estado sin una institucionalidad pública que sea garante de los fines para los cuales fue establecida. Por consiguiente, una acción gubernamental a retomarse es la verificación del funcionamiento de las instituciones públicas en cuanto a la calidad de servicios que prestan.

 Si bien es cierto que se fomentan procesos de verificación como auditorías de gestión y financieras por parte de los entes contralores del Estado, deben impulsarse además propuestas para mejorar la prestación de los servicios públicos que nazcan no solamente desde la propia función interna de los entes públicos, sino que las mismas sean propuestas desde el alto gobierno, conjuntamente con una verificación continua de cómo la función de dichos entes se alinean con las directrices de conducción política del Estado y los intereses sociales basados en la necesidad social y las demandas público-ciudadanas.

La evaluación de las instituciones públicas también nos llevará a la conclusión de la importancia de analizar permanentemente los resultados emanados no solamente de los servicios que prestan las instituciones públicas, sino de las políticas que ejecutan, lo que nos lleva a la deducción de que la efectividad de los entes públicos se mide no solo por los resultados cuantitativos obtenidos sino por la calidad de la prestación de sus servicios y de la materialización de sus políticas.

El ejercicio de la función pública es una tarea compleja, razón por la cual necesita que se le haga una evaluación continua.