sábado , 23 noviembre 2024
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Una solución para la TCQ

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El caso por la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) puso a trabajar horas extra al Congreso de la República en el expediente judicial en que aparecen cinco exfuncionarios encartados por delitos relacionados con el otorgamiento a Transportes de Contenedores de Barcelona (TCB), de la concesión de una parte de los terrenos de Puerto Quetzal para construir una plataforma para el manejo de furgones.

Por este asunto, el Organismo Ejecutivo también ha tenido que hacer un esfuerzo para encontrar una solución a tal entuerto y resolver si es viable que se continúe con la operación o se declare lesiva esa negociación, la cual había tomado camino bajo la administración del Partido Patriota (PP).

Esto dio lugar a que el 6 de septiembre se suscribiera un memorando de entendimiento, firmado por personeros de las casas involucradas, con el aval de la Procuraduría General de la Nación. En él se pretende ceder los derechos de ejecución, con el propósito de que la empresa pueda entrar en funcionamiento.

El documento, además, anota un resarcimiento al Estado de Guatemala por US $43.2 millones (Q324 millones 864 mil), que contempla una parte para reparación civil y otra para invertir en proyectos de desarrollo en las comunidades cercanas a la planta.

Pero este mecanismo debe establecerse en una iniciativa de ley formulada por el Gobierno, y luego ser enviada al Legislativo para su análisis, lectura y eventual aprobación, tras lo cual se tendría que declarar nulo el usufructo que fue ofrecido a TCB por parte de las autoridades del PP. 

El estudio jurídico hecho por la PGN consideró lo importante de contar con esta nueva infraestructura para el progreso portuario nacional y la creación de fuentes de trabajo directo e indirecto.

La negociación, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se dio en un tiempo breve gracias a los sobornos a burócratas, que pudieron alcanzar los US $30 millones (Q225 millones 600 mil), extremo que deberá comprobarse en el juicio que se sigue contra de delegados y trabajadores estatales.


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