En reunión con representantes de la sociedad civil, el presidente Jimmy Morales y el vicemandatario Jafeth Cabrera presentaron ayer la segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), con las cuales se pretende fortalecer al ente rector en la materia y modernizar el padrón, entre otros aspectos.
La iniciativa, que consta de 53 artículos, ya fue remitida al Congreso, y establece la implementación de listados semiabiertos para la elección de diputados distritales, la unificación del número de empadronamiento con el Documento Personal de Identificación, así como la aplicación de la paridad y la alternancia de hombres y mujeres en los cargos de elección popular.
Este último aspecto fue rechazado por los parlamentarios el 20 de abril, cuando se avaló una serie de cambios a esa normativa, entre los que destacan el sufragio en el extranjero y la legitimidad del voto nulo.
Las opiniones
José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, calificó de importante el esfuerzo del jefe del Ejecutivo, quien el 6 de junio dio el banderazo de salida para las discusiones en este tema.
Por su parte, el dirigente del Comité de Unidad Campesina Daniel Pascual expresó: “Se ha dado un paso importante para facilitar la participación de distintos sectores en los procesos políticos, pero debemos seguir trabajando en ello”.
El gobernante Morales se mostró satisfecho por la labor realizada y destacó lo planteado en el proyecto como una respuesta al clamor popular, por lo que en una reunión con los jefes de bloque del Parlamento abogó por su pronta aprobación.
Otras propuestas
En busca de reforzar y ampliar el campo de acción de la Procuraduría General de la Nación, el gobernante también remitió al Congreso una iniciativa de reformas a su ley orgánica, con la cual se pretende dejar sin vigencia la norma que actualmente rige su actuar y que data de 1948.
Además, la Dirección Legislativa recibió una propuesta con 14 cambios a la Ley de Bancos, con la que, entre otros aspectos, se busca brindar mayor certeza jurídica a los usuarios del sistema financiero.
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