Otorgar una concesión directa por un período de 21 años del terreno que ocupa la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), con la finalidad de que esta pueda entrar en funcionamiento, es uno de los principales aspectos establecidos en el memorándum de entendimiento suscrito el 6 de este mes.
El convenio fue firmado por los accionistas de esa entidad, APMT y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), así como por la Empresa Portuaria Quetzal, con el aval de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Entre otros temas, en el acuerdo se incluye un resarcimiento por US $43.2 millones (Q324 millones 864 mil) en favor del Estado, de los cuales US $32.7 millones (Q245 millones 904 mil) serían en concepto de reparación civil, mientras que los US $10.5 millones (Q78 millones 960 mil) restantes se tendrían que invertir en proyectos de desarrollo para comunidades de Escuintla.
El proceso
Empero, para que lo consensuado cobre vigencia, la adjudicación debe ser aprobada por el Congreso de la República, para lo cual el Ejecutivo presentará una iniciativa de ley.
Si los diputados dieran su visto bueno, se procedería a la nulidad del contrato oneroso de usufructo que fue concedido, presuntamente de forma anómala, durante el gobierno anterior al Grupo TCB, la sociedad española que en ese entonces era la dueña de TCQ.
Para Anabella Morfín, titular de la PGN, resulta importante agilizar los trámites, pues la entrada en operaciones de la planta generaría ventajas económicas para el país y propiciaría el progreso local, ya que se prevé que al completar sus 3 fases se generen no menos de 460 empleos directos.
Las posturas
“Existe un compromiso común para asegurar que Guatemala se beneficie con una infraestructura moderna y eficiente, que facilite la competitividad y el comercio de sus productos”, manifestó Luc Grillet, representante de IFC para Centroamérica y el Caribe. Además, sostuvo que el documento no interfiere en las investigaciones y procesos penales que se realizan por la supuesta comisión de delitos en los mecanismos que dieron vida a TCQ.
En la misma línea se pronunció Alexánder Aizenstatd, interventor de la institución, y aseguró que la medida planteada por las partes garantizaría la continuidad de los 70 trabajadores del lugar y evitaría que la compañía se vaya a la quiebra, pues sus deudas superan los activos.
Los beneficios
Según un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación, con la puesta en marcha de las operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) se podría absorber y aprovechar la carga de mercadería que se dirige a El Salvador, con lo que se reducirían los costos del transporte marítimo.
Adicionalmente se agilizaría el trámite de las exportaciones e importaciones del país. También se facilitarían las transacciones con nuevos mercados, y la Empresa Portuaria Quetzal mejoraría su funcionamiento, pues APMT, socio mayoritario de TCQ, le brindaría asistencia técnica.
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