La Agenda Urbana

Podría marcar el inicio de grandes modificaciones en la organización del país.

Dentro de 16 años seremos 22 millones 514 mil 296 guatemaltecos, 79 por ciento de los cuales viviremos en zonas urbanas y el resto en áreas rurales, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.

La capital y las regiones del occidente y de las Verapaces serán las más pobladas, con 5.2, 2 y 1.5 millones de habitantes.

Si no se toma acción en función de estas proyecciones, el déficit habitacional crecerá, igual que la desorganización entre municipios de metrópolis y las construcciones en lugares de riesgo; no se diga el desorden vial, que sería el corolario de un detrimento tremendo en la calidad de vida.

Esto en contraposición a las estadísticas que demuestran que, incluso en países desarrollados, las urbanizaciones incrementan su bienestar material a un ritmo más rápido que las zonas alejadas.

En respuesta, surge la Agenda Urbana para los próximos 50 años, presentada por el Gobierno, con la que se pretende revertir “un desarrollo territorial desordenado, excluyente, desequilibrado y contaminante”, definido por un “centralismo exacerbado”.

La planificación contempla 5 ejes: la emisión de la ley de desarrollo urbano y de gestión territorial, el establecimiento de un ministerio de desarrollo urbano y vivienda, la presentación en 2018 de una política para el progreso de las áreas urbanas, que será resultado de un diálogo nacional, determinar el monto necesario para las inversiones de interconexión de puertos, aeropuertos y carreteras de las ciudades intermedias y el empleo de recursos para atender salud, educación y desnutrición.

Dicha Agenda responde al Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032 oficializado en 2014 en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, y es esperanzador observar que la administración se ha apropiado de este y le da continuidad para corregir las grandes desigualdades de la nación.

Su establecimiento es relevante porque podría marcar el inicio de grandes modificaciones en la organización del país que desafían a los tres poderes, a todos los sectores y a estructuras caducas.

Requerirá, para su éxito del fortalecimiento municipal, la participación ciudadana, de la desconcentración y descentralización. En el corto plazo, los órganos Ejecutivo y Legislativo deberán demostrar su sintonía con la iniciativa, pues tendrán que proponer y aprobar una nueva normativa de regionalización, que sustituya la Ley Preliminar, creada en 1986 con criterios contrainsurgentes. Ojalá esto sea solo el comienzo.