Reducir a 1 relator y 2 suplentes los integrantes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura o crear una procuraduría adjunta en la Magistratura de Conciencia, son 2 opciones que se proponen para reformar la normativa que creó al primer ente en 2010.
Los cambios buscan fortalecer el mecanismo que por mandato debe evitar los actos contra los privados de libertad. La medida es impulsada por los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentara el 12 de agosto un informe que revela la inoperancia de los actuales relatores (5) y suplentes (5).
El estudio detalla que el pobre trabajo de los anteriores no compensa los salarios exorbitantes, entre Q40 mil y Q50 mil, incluyendo dietas, que devengan.
El acuerdo, luego de una reunión entre los parlamentarios y representantes de la PDH, es que se consultará con la Cancillería si el posible traspaso de la Oficina a la Procuraduría no viola los convenios internacionales.
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