viernes , 22 noviembre 2024
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Hacia la recuperación del gasto público

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Hoy, el Organismo Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuesto 2017 al Congreso de la República, el cual ha sido definido como un esfuerzo por comenzar la recuperación del gasto público, que plantea ingresos y egresos por Q79 mil 830 millones, Q9 mil 33.8 millones más que el vigente, lo cual equivale a 12.76 por ciento.

El documento refleja claramente las prioridades establecidas por la administración del presidente Jimmy Morales: el 79 por ciento del incremento, es decir, Q7 mil 164.7 millones, se destinará a seguridad y justicia, seguridad alimentaria y salud integral, y a la generación de empleo e ingresos.

En el primer rubro, que dispondría de Q2 mil 96.6 millones adicionales, se plantean asignaciones mayores para el Ministerio Público, en Q291 millones; Organismo Judicial, Q552 millones, y Q892 millones para el Ministerio de Gobernación, entre otras entidades.

De la segunda área, a la que se designan Q4 mil 845 millones más, resalta que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tendrá un aumento presupuestario de Q1 mil 287 millones, y el de Educación, Q970 millones; además, que en la realización del censo poblacional se emplearán Q269.5 millones.  

Y en el tercer ámbito, el Gobierno planea invertir Q223.1 millones en sostenibilidad ambiental, protección del patrimonio cultural, promoción de micro, pequeñas y medianas empresas, y en ampliación de consulados.

Para financiar estas erogaciones, la administración estima que logrará tributos por Q57 mil 994 millones, Q4 mil 143.6 millones más que este año, con lo cual se tendrá un déficit fiscal de 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto, cercano al promedio del registrado durante los últimos 12 años. 

Es importante que el proyecto cuenta con normas sobre transparencia y calidad del gasto, que fueron requeridas por representantes de diferentes grupos sociales que participaron en el primer ejercicio de presupuesto abierto llevado a cabo en Guatemala, lo cual aporta en gran medida a su legitimidad.  

Se trata de una propuesta con objetivos cuyo cumplimiento será plenamente verificable y que podrá marcar la ruta hacia el mejoramiento de la situación del país, por medio del rescate de la funcionalidad y calidad de las erogaciones, de acuerdo con las autoridades.

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