Entre lágrimas, gritos y referencias a Dios, el Senado brasileño se adentró ayer en el debate final antes de decidir hoy si destituye a Dilma Rousseff, un desenlace que todos ya dan por sentado en Brasil.
“El impeachment (destitución) es un remedio constitucional al que necesitamos recurrir cuando la situación se revela especialmente grave”, expuso la abogada de la acusación, Janaina Paschoal.
“Fue Dios quien hizo que, en el mismo momento, un grupo de personas percibiera lo que sucedía en el país”, añadió la litigante en sus argumentos para probar que la primera mujer en presidir Brasil violó la Constitución al manipular las cuentas públicas y que por eso debe dejar la presidencia.
En audiencia
Pero el abogado defensor de la presidenta, el exministro José Eduardo Cardozo, destacó que una destitución de la jefa de Estado sería una pena de muerte política. Tan dramático ha sido el juicio que durante las sesiones los profesionales del Derecho, de ambas partes, lloraron en el pleno.
“Canallas, canallas, canallas”, expresó el senador Roberto Requião, partidario de la gobernante, haciendo referencia al golpe de Estado contra Joan Goulart, acaecido en 1964.
La jefa de Estado se defendió durante 14 horas, en una sesión en la que reiteró su inocencia y afirmó ser víctima de un golpe para reemplazarla hasta fines de 2018.
Tras los alegatos de la acusación y la defensa, los legisladores debaten en una sesión donde se sabrá si la exrebelde es declarada o no culpable.
Rousseff fue suspendida de su cargo el 12 de mayo y asumió de forma interina su exvicepresidente Michel Temer. Si todo sale tal como pronosticaron los sondeos, será este político conservador, de 75 años, enemigo acérrimo de Dilma, quien se convertirá en presidente de Brasil. Para ello, se requiere el voto de 54 senadores.
Según los senadores que ya anticiparon su voto, la situación está de la siguiente manera: a favor de la destitución, 54; en contra, 20; indecisos, 7.
Solvencia
En el juicio político emergieron interrogantes sobre la legitimidad jurídica y moral que puede tener el Senado para emitir un veredicto, cuando tiene a no menos de la mitad de sus miembros involucrados o investigados por casos de corrupción.
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