Los poderes del Estado y representantes de la sociedad civil ratificaron su interés por lograr el fortalecimiento del régimen de derecho, con el establecimiento de la estrategia de la Política Criminal Democrática 2015-2035.
Esto, en respuesta a uno de los principales problemas del país, que consiste en que el sistema judicial alcanza a concluir apenas 13 casos de cada 100 que ingresan, de acuerdo con un estudio presentado ayer por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, durante la primera reunión de la comisión encargada de brindar seguimiento al proyecto.
Según se anunció, en el marco de este instrumento y por medio de acciones coordinadas entre las entidades concernidas, se logrará que en el lapso de 1 año 20 por ciento de los procesos sean resueltos y que este nivel de eficiencia siga incrementándose.
Para el efecto, los titulares de los órganos estatales se comprometieron a intensificar los esfuerzos interinstitucionales contra la corrupción y en pro de la transparencia; incrementar la inversión en infraestructura del Organismo Judicial y del Sistema Penitenciario; integrar más investigadores al Ministerio Público (MP), y superar el desempeño del Instituto de la Defensoría Pública Penal.
Con la herramienta de intervención pública referida se tiene como objetivo establecer una respuesta técnica, científica y específica para el combate a las diferentes expresiones de la delincuencia organizada y a los crímenes más recurrentes.
Está basada en cuatro ejes: prevención, para anular factores que conducen a la vulneración de la Ley; investigación, de carácter científico para fortalecer las averiguaciones, enfocando los esfuerzos de manera estratégica e integral; sanción, que se relaciona con la revisión de la normativa penal vigente; y reinserción social de los privados de libertad.
Para Guatemala, los avances en la implementación de esta iniciativa son esperanzadores, por cuanto implican la prevalencia de garantías fundamentales, además de que se han logrado por medio de un proceso participativo, incluyente y de diálogo, que debe ser ejemplo para llevar la concertación a la búsqueda de soluciones a los desafíos de otros sectores.
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