Anualmente unas 800 mil personas son víctimas de trata en las fronteras.
En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, en la isla que actualmente ocupan los Estados de Haití y República Dominicana, se inició una sublevación que, a la postre, sería decisiva para la abolición del comercio transatlántico de esclavos.
Ese hecho pasó a la historia como parte de una lucha inveterada para erradicar la práctica de utilizar a las personas como mercancía, que luego es explotada con trabajos forzados a perpetuidad. Pero a pesar de que la esclavitud fue abolida en todos los países, esa infame institución ha sido sustituida por la trata de personas, que consiste en “la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, lo que incluye, la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y la extracción de órganos”, tal como se define en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Es así que la tragedia del comercio de esclavos, que vive en la memoria de todos los pueblos, ha adoptado nuevas formas. La OIM calcula que anualmente unas 800 mil personas son objeto de trata a través de las fronteras internacionales, mientras que muchas otras lo son en el territorio de sus propios países. En Guatemala, el Informe Anual de la Embajada de Estados Unidos sobre este tema, indica que para 2015 el Gobierno había identificado a 673 víctimas de la trata, un aumento significativo respecto a 2014, en que se reportaron 287 casos. Al menos 456 de esas víctimas eran mujeres y niñas y 217 hombres y niños.
Es por eso, que se deben redoblar esfuerzos para sensibilizar más y ayudar a las instancias normativas, a los sistemas de justicia penal y a los órganos encargados de hacer cumplir la ley, así como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a comprender el fenómeno de la trata de personas y combatirlo eficazmente. Para ello se requiere de una estrategia integral para prevenir y abordar el problema, mejorar los procedimientos para identificar a las víctimas de la trata y ofrecerles protección y asistencia apropiadas.
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