Pese a estar a un paso de su aprobación en el Congreso, las iniciativas 4895, ley de contrato de factoraje (comercialización de cuenta ajena), y la 4896, ley de leasing, (arrendamiento) no verían la luz este año, pues fueron retiradas de agenda en las sesiones plenarias recientes y no serían priorizadas en lo que resta del período ordinario en ese organismo, según integrantes de diferentes bloques.
Aunque existía consenso para crear ambas normativas, diputados del Frente de Convergencia Nacional pidieron que su discusión se detuviera luego del aval en su tercer debate, pues consideraron necesario realizar enmiendas.
Hasta ahora, no se conocen los aspectos que serían modificados en el proyecto de factoraje. La bancada en mención manifestó su interés por incluir en la propuesta de leasing al sector vivienda y evitar que los transportistas puedan evadir responsabilidades penales.
El retraso
Juan José Porras, dirigente de Visión con Valores, indicó que la atención de las agrupaciones políticas está centrada en iniciativas como la reforma fiscal y otras que llegarán pronto, como la de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2017, las reformas al sector justicia y la nueva generación de modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Además, está en el ambiente la integración de la Junta Directiva para el próximo año y, según las previsiones del presidente del Congreso, Mario Taracena, la aprobación del código de migración los tendría ocupados en lo que queda de este mes.
Tanto miembros de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como del Movimiento Reformador (MR) se dijeron dispuestos a apoyarlas una vez sean agendadas, pero hicieron ver que la decisión debe ser tomada por los jefes de bloque.
Impacto negativo
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), advirtió que si no se aprueban los proyectos mencionados anteriormente, así como las reformas al Código de Comercio y a la Ley de Garantías Mobiliarias, Guatemala caerá no menos de 15 posiciones en el índice Doing Business.
“Estas cuatro normativas son importantes para la imagen del país, incluso más que la Ley de Competencia, porque su postergación podría repercutir de manera desfavorable en la calificación que emite el Banco Mundial y en el aumento de la tasa de interés para todos los préstamos”, subrayó Zapata.
En ese sentido, Fernando Suriano, director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, explicó que son 12 las leyes del paquete económico que los parlamentarios deben aprobar, en especial, las reformas al Código de Comercio, porque de no hacerlo las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) serán las más afectadas, pues se les niega la posibilidad de reducir costos y agilizar su inscripción en el Registro Mercantil.
En detalle
El proyecto 4896, que recibió dictamen favorable el 19 de abril de este año, pretende regular las prácticas sobre arrendamiento financiero, impulsar el acceso a crédito y la opción de nuevas modalidades de adquirir bienes muebles e inmuebles, a través de la suscripción de contratos.
En tanto, la propuesta 4895, también conocida como ley de descuento, regularía la cesión de los derechos de crédito a las empresas de factoraje, las cuales proporcionarían capital de trabajo a las Pymes, a través de la compra de cuentas por cobrar.
Sin embargo, debido a que las sociedades de factoraje operan con costos más altos que los bancos, la comisión que cobrarían por prestar sus servicios sería superior.
En contraposición, las operaciones se realizarían con mayor rapidez y sin tantos requisitos como los solicitados por las entidades financieras, acotó la Comisión de Economía en el dictamen que emitió el 5 de mayo.
“Ambas propuestas establecen derechos y obligaciones para las partes, y brinda certeza jurídica, por lo que los guatemaltecos con derechos crediticios pueden obtener liquidez gracias a la realización de un contrato de descuento, especialmente para aquellos empresarios que no cuentan con formas de acceder a liquidez”, manifestó el Ministerio de Economía.
Posibilidad
“Sería lamentable que las propuestas no fueran aprobadas este año, pues se convertirían en un importante instrumento financiero para los pequeños y medianos empresarios, quienes podrían fácilmente acceder a créditos y agenciarse de los recursos necesarios para echar a andar sus negocios”, dijo Porras.
En tanto, Carlos Barreda, de la UNE, se pronunció en la misma línea, y agregó que si existen los cabildeos necesarios, los dos proyectos podrían avalarse, ya sea en tiempo ordinario o extraordinario, con lo cual concordó Boris España, de MR.
Desarrollo rural
De acuerdo con Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, el Legislativo también debe avanzar en la discusión de la iniciativa 4084, ley del sistema nacional del desarrollo rural integral, enfocada en la reducción de la pobreza.
En ese sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala urgió al Congreso a poner en agenda para su discusión y aprobación el citado proyecto, debido a que en esta nación el 60 por ciento de la población rural depende de actividades agropecuarias para su subsistencia.
Retos para facilitar la actividad empresarial
El Doing Business, informe insignia del Banco Mundial, mide las regulaciones que favorecen la actividad empresarial o la restringen en un país.
En la edición 2016, que fue dada a conocer en octubre de 2015, Guatemala se situó en la posición 81 de 189 economías, manteniendo el puesto que alcanzó el año anterior, pues de las 10 reformas que presentó únicamente le fueron aceptadas 2.
Al respecto, el Ministerio de Economía señaló que los retos que debe afrontar Guatemala para seguir escalando casillas en el índice pasa porque las instituciones afinen sus reportes estadísticos de mejoras en la medición de procesos administrativos y que el Congreso apruebe cambios legislativos importantes, como las reformas al Código de Comercio y a la Ley de Garantías Mobiliarias, entre otras.
Nueva propuesta
El Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), en coordinación con otras entidades público-privadas, está elaborando una iniciativa de ley para dar certeza jurídica a la infraestructura vial, y con ello incentivar la inversión en carreteras, informó Fernando Suriano, director ejecutivo de la institución.
“Se está consensuando con los sectores interesados antes de presentarla”, resaltó Suriano, y acotó que el proyecto podría ser concluido a finales de este año o a principios de 2017.
Respecto de lo anterior, Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, afirmó que urge construir más carreteras y caminos vecinales en el país, para facilitar el comercio de productos y reducir costos en transporte. A la vez, destacó que otro factor que puede contribuir a mejorar la actividad productiva es el aumento en la inversión en infraestructura.
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