El IGSS ha estado en el ojo de funcionarios de turno, quienes en no pocos casos lo han convertido en su cajero personal.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se crea el 30 de octubre de 1946, por Decreto Ley emitido por el entonces honorable Congreso de la República. La creación de esta institución es el resultado de un estudio serio realizado a instancias del gobierno de la Revolución, presidido por el doctor Juan José Arévalo, por Oscar Barahona y Walter Dittel.
El IGSS es, sin lugar a dudas, el último bastión de la gesta revolucionaria que veló por una política de seguridad alimentaria, de salud y educación para los sectores obreros y campesinos. Fue indudablemente la columna vertebral sobre la que ha descansado la seguridad social de miles de trabajadores. El enfoque de dicho acuerdo era crear “una Institución autónoma, de derecho público de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, un Régimen Nacional, Unitario y Obligatorio de Seguridad Social, de conformidad con el sistema de protección mínima”.
El nuevo régimen de seguridad obligaba al Estado a dar su aporte por concepto de contribución patronal. Lo mismo establecía para el sector privado. El trabajador, por su parte, debía aportar su cuota para tener derecho a un retiro tras cumplir cierta cantidad de años de servicio.
A lo largo de 70 años, el IGSS ha atesorado una significativa cantidad de recursos que garantizan la cobertura de sus servicios, a pesar de que el Estado ha sido el primero en no cumplir con el precepto constitucional de su aporte, debiéndole alrededor de 30 mil millones de quetzales por cuotas atrasadas. Por su parte, el sector privado también debe una cantidad significativa, aunque menor, en cuotas no pagadas.
Dada su capacidad económica, la institución ha estado en el ojo de funcionarios de turno, quienes en no pocos casos la han convertido en su cajero personal, fuente de una indiscriminada corrupción de gerentes y presidentes que la han administrado. Sumado a esto, ha estado siempre acechada por el fantasma de la privatización. A esto último se han opuesto el sector sindical y los propios jubilados, con justa razón, ya que ven el peligro inminente de quedar desprotegidos por un el régimen que, aunque con sus carencias y limitaciones, mal que bien, contribuye a dar un respiro económico a los jubilados y pensionados.
En los últimos días el fantasma de la privatización ha tendido sobre el IGSS sus más aviesos propósitos. No se sabe de dónde salió tan descabellada idea; lo cierto es que ha puesto los pelos de punta a quienes han dejado en un empleo los mejores años de su vida y que hoy tienen una modesta y, a veces, hasta miserable pensión, pero que después de todo, es un dinerito que en algo les ayuda.
Lo cierto es que, privatizar el seguro social sería darle el último zarpazo a las instituciones creadas por el gobierno de la Revolución y cuya trascendencia está vigente, después de 70 años. Vale la pena conservar su autonomía ¿no le parece?
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