Tras complicadas reformas al sistema educativo y laboral, la presidenta chilena Michelle Bachelet se lanzó a reformar la estructura de pensiones instaurada por la dictadura de Augusto Pinochet y cuestionada por sus bajas retribuciones.
Dos semanas después de que no menos de 1 millón de chilenos se manifestaran en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que distribuyen el dinero de jubilación de por lo menos 10 millones de afiliados, la mandataria propuso 12 medidas de modificación, entre ellas aumentar en 5 puntos la tasa con cargo al empleador, pero sin plantear una transformación completa.
Antecedente
El pago del seguro chileno fue pionero en instaurar la capitalización individual de los trabajadores, sin considerar ningún aporte del empleador. La tasa de cotización alcanza ahora al 10 por ciento del salario mensual, con saldos que en promedio llegan a los US $400 (equivalentes a Q3 mil 012), por debajo del sueldo mínimo.
“Las propuestas que hemos planteado van en el contexto de responsabilidad económica”, dijo la gobernante ayer, tras el anuncio oficial lanzado la noche del martes, que no consideró retornar al antiguo modo de reparto que existía hasta antes de 1981.
“Valoramos el gesto, pero lo consideramos altamente insuficiente”, criticó Luis Mesina, al frente del movimiento ciudadano No+AFP, quien convocó para la noche de ayer a un gran cacerolazo en contra de la propuesta y otra marcha para el 21 de agosto. La asociación aludida, en tanto, advirtió que algunos de los anuncios esbozados pueden terminar perjudicando a los miembros.
Con una popularidad baja (22 por ciento), Bachelet acaba de cerrar una reforma educativa junto a una laboral. En el primer caso, el cambio no dejó satisfechos a los estudiantes, que mantienen su presión sobre la mandataria a la espera de una evolución más profunda que remueva de forma el sistema legado por Pinochet.
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