La negociación no debe incluir, por supuesto, ninguna amnistía fiscal, ni perdón, a quienes han evadido impuestos.
Esta semana representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), fundado en 1957, declararon ante los medios de comunicación su disposición de sentarse a la mesa de negociaciones para discutir el futuro económico de Guatemala, especialmente en los ámbitos sensibles de la economía, como es el aspecto tributario.
Según el Cacif, existe la necesidad de hacer un profundo análisis de la situación tributaria, que apruebe adoptar las medidas que permitan ampliar esta base, bajo los parámetros de una mejor recaudación y aprovechamiento de los recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes.
A primera vista, es sana, oportuna y acertada la declaración de Felipe Bosch, quien hizo la declaración a nombre del Cacif y de Fundesa. Podría pensarse que es un acto de buena fe y de convencimiento, que el país se hunde si no se reforma el régimen tributario, en donde quien gane más, que pague más, y que los recursos que se recauden tengan una buena redistribución para atender las necesidades más urgentes: salud, educación, infraestructura, pago de deuda, ahorro, entre otros.
Quizá sea una excelente oportunidad para que el Gobierno le tome la palabra a los empresarios y seleccione a los más grandes expertos y mejores negociadores en el tema fiscal y tributario, a efecto de no dejarse embaucar con espejitos bien relucientes, pero que solo podrían buscar crear distractores ante el clima de nerviosismo que han creado las recientes capturas a empresarios por evasión de impuestos. En la agenda de negociación no debe incluirse, por supuesto, ninguna amnistía fiscal, ni perdón, a quienes hayan cometido delitos de evasión de impuestos. En estos casos debe dejarse actuar al sistema de justicia que haga su trabajo.
Este gobierno podría dejar a las futuras generaciones un sano sistema tributario que garantice el desarrollo sostenible del país, se apuntaría un hit que no han logrado los últimos gobiernos, o sea, sentar a los empresarios y en un clima de franco diálogo y discusión sana, comprometerlos a pagar más, bajo la promesa que ningún funcionario de turno (al menos no en este gobierno) dará un zarpazo a los recursos del Estado.
El presidente Morales ha repetido muchas veces su famosa frase “ni corrupto, ni ladrón”, y quizá comience a hacerse realidad en la construcción de una nueva ética empresarial, tanto de grandes, como de pequeños, que se traduzca en una transparente manera de tributar al Estado, sin mañas, sin evasión de ninguna índole, y en la medida justa. No cabe duda que la honradez abre puertas y endereza los caminos torcidos.
No está de más pedirle a la sociedad civil, sobre todo a aquellos grupos organizados que luchan por tener una Guatemala próspera y sin privilegios de ninguna índole, que permanezcan vigilantes y participen como voz activa en esas discusiones que, si la retórica no engaña, podrían producir una nueva cultura tributaria.
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