Las personas con discapacidad hemos estado invisibilizadas, relegadas por otras.
Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que cualquier otro ser humano, garantizados por las leyes de nuestro país, la diferencia estriba en que no los gozamos en igualdad de condiciones por las desventajas que genera una deficiencia física, sensorial, mental e intelectual, haciéndonos más vulnerables en todo sentido, si no, basta con observar los índices de exclusión que se aprecian en los distintos campos de la actividad humana, en los que existen escasos espacios de participación por múltiples razones para la población.
La historia nos refiere que las personas con discapacidad hemos estado invisibilizadas, relegadas a seguir decisiones tomadas por lo general por nuestros padres, hermanos, tutores e instituciones, lo que ha limitado severamente el ejercicio pleno de todos los derechos que nos asisten. Estamos seguros que en algunos casos no se ha hecho con mala fe, pero es una acción que reduce las posibilidades del desarrollo integral.
En pleno siglo XXI se sabe de personas con discapacidad que son abandonadas, encerradas e inclusive amarradas para que no salgan y se expongan ante el qué dirán de la sociedad. Otras son abusadas por padres, hermanos y vecinos, algunos más son objeto de explotación para apelar a la caridad en la vía pública y otros son reclutados e institucionalizados para abogar por ellos, vulnerando de esta manera su autonomía.
Sin embargo, las personas con discapacidad que son violentadas y desean denunciarlo no tienen con los medios necesarios para hacerlo, no porque estos no existan, sino porque no cuentan con la información suficiente, por los limitados recursos que disponen las entidades y organizaciones promotoras de sus derechos o quien sabe, sino también por la ausencia de programas y acciones de seguimiento.
Uno de los cuestionamientos que se le hacen a Guatemala en ocasión del primer examen de país, en cuanto al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a realizarse en Ginebra, Suiza, el 22 y 23 de agosto, es la consulta sobre el trato y el seguimiento que se les da a las denuncias de violaciones a los derechos del colectivo. A ese respecto el Organismo Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación indican que existen escasos registros o datos por la falta de denuncias.
Las organizaciones e instituciones que hasta ahora hemos asumido la responsabilidad de promover el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, no solo debemos establecer y fortalecer los programas del conocimiento y seguimiento de derechos, sino también fomentar la cultura de denuncia entre los distintos grupos. En cuanto a las organizaciones e instituciones prestadoras de servicios, les instamos a que no vean de manera negativa las denuncias por violación de derechos.
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