Guatemala debe formar una delegación de alto nivel para la cita en Ginebra, Suiza.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre del 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta por el movimiento mundial del colectivo, instrumento adoptado por el Estado guatemalteco como parte de su legislación interna por el Decreto 59-2008, con lo que se comprometió a promover las acciones administrativas, políticas y jurídicas necesarias para el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de la población con discapacidad del país.
En cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 78-2009, que otorga al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) el mandato de verificar la aplicación de la Convención y entrega de los informes de país, en el 2013 procedió a la presentación del primer reporte con evidentes retrasos en la atención, educación, rehabilitación y equiparación de derechos de las personas con discapacidad, del que será objeto de examen el 22 y 23 de agosto próximo en Ginebra, Suiza, por lo que deben hacerse los mejores esfuerzos para conformar una delegación de alto nivel político.
Los preparativos para este primer examen se iniciaron desde abril, cuando se recibió un listado de 33 cuestiones al Estado guatemalteco, mismo que fue enviado a 28 instituciones por la Comisión sobre Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República, de lo que se obtuvo una serie de respuestas que ponen a luz nuestros escasos avances, pero así también la voluntad de fortalecer las acciones que hasta ahora hemos impulsado como nación.
La idea de conformar una delegación de alto nivel político, no solo demostraría la voluntad del actual gobierno de atender los asuntos de discapacidad, sino que se estaría asegurando, también, de alguna manera, la implementación de las medidas que deban adoptarse para el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que deriven del diálogo con el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en discapacidad.
A la fecha únicamente se sabe de tres instituciones que han gestionado recursos para ser parte de esta delegación, la Secretaría de Bienestar Social y los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social; además del Conadi y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, por lo que se esperaría que en los próximos días otras entidades de Gobierno nombren a sus delegados, para que el Estado guatemalteco esté bien representado y ponga de manifiesto su voluntad política.
De los países que hasta el momento han sido objeto de este examen, son bien vistos aquellos que se hacen representar por ministros y secretarios de Estado, porque ello muestra la importancia que se le pretende dar al tema, lo que se ha logrado en gran medida por propuesta misma de los movimientos nacionales de discapacidad y por el grado de compromiso, que asumen los funcionarios públicos de esas naciones frente a las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables de población.
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