Hoy cobra vigencia la nueva Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, en la cual se establecen los parámetros para la contratación, evaluación, ascensos y destitución del personal que labora en ese organismo.
Aunque su presidente, Mario Taracena, manifestó la importancia de la norma para evitar el incremento desproporcionado de trabajadores y evitar un colapso en las finanzas del Legislativo, los sindicatos ya prepara distintas acciones legales para que esta se declare inconstitucional.
Óscar Salic, de una de esas agrupaciones mayoritarias, indicó que un equipo de abogados analiza las medidas a tomar, pues, según su criterio, se detectaron irregularidades que atentan contra los derechos adquiridos mediante el Pacto Colectivo de Condiciones Laborales.
Xiomara Conde y Jakeline Suárez, secretarias generales de los otros sindicatos, condenaron la prohibición de que existan grupos familiares trabajando en el Parlamento, así como la limitación del pago de horas extraordinarias de labores.
Además, expresaron su descontento por la corrección en el incremento al 10 por ciento de su salario, el cual se habría calculado mal en años anteriores y sería corregido a partir de este fin de mes.
“Los empleados tienen el derecho de accionar, pero mientras no haya una resolución, lo establecido en la Ley debe aplicarse”, opinó Jorge Jiménez, analista de la entidad Congreso Transparente.
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