Con el fin de que se reanuden las actividades en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la empresa APM aceptó hacer un pago de US $43 millones (Q326.37 millones) por concepto de una reparación civil, así como anular el contrato de usufructo y firmar un nuevo documento de concesión.
“Esperamos que se acepten los términos de la propuesta y alcancemos un arreglo para comenzar trabajar”, dijo Susanne Marston, vicepresidenta de la firma.
Para el mandatario Jimmy Morales, esto refleja la buena voluntad de las partes. No obstante, requirió “que se respete la persecución criminal contra las personas involucradas en irregularidades y que el Legislativo busque una forma legal para empezar las operaciones”.
En caso de que el nuevo acuerdo se concretara, el Congreso tendría la última palabra para que TCQ pueda entrar en funcionamiento, aseguró el comisionado de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy, en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza.
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