Como un acto de buena fe calificó el Organismo Ejecutivo la decisión de APM Terminals de aceptar la propuesta del interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexánder Aizenstatd, sobre resarcir al Estado, anular el actual contrato y firmar uno nuevo, todo en beneficio del país.
“Esto refleja la buena voluntad de las partes. Nuestra petición es que se respete la persecución criminal contra las personas que han participado en actos de corrupción (en el convenio); segundo, que se busque una forma legal, por parte del Congreso, para que pueda funcionar TCQ sin quebrantamiento de la Ley”, acentuó Morales.
“Estamos dispuestos a asumir una responsabilidad económica y moral en este caso. Seguiremos trabajando de cerca con las autoridades para luchar contra la corrupción y el tráfico de drogas para que la terminal pueda operar de manera eficiente y transparente”, indicó en un comunicado Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, entidad que adquirió TCQ a la Terminal de Contenedores Barcelona.
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