Hay que resaltar la captura de 109 delincuentes especializados en comerciar con el pánico de las personas.
En mi columna anterior mencioné que las extorsiones nos tienen de rodillas a merced de los antojos de las bandas delincuenciales, pues no hay negocio que se escape de ese flagelo que diariamente cobra un sinnúmero de vidas en el país de quienes se niegan a pagar las cantidades de dinero exigidas por los pandilleros. En consecuencia, la extorsión perjudica no solo la libertad y la libre locomoción de la población, sino que es el origen de peligrosos impactos tanto económicos como sociales que ocasionan la pasividad o el conformismo de ser víctimas de ese delito y, por supuesto, se inhibe la denuncia.
Sin embargo, hay que destacar el operativo a gran escala e histórico que llevaron a cabo el 14 de julio de este año, en 12 departamentos, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público (MP) en su constante lucha por desarticular a esos grupos que roban la paz y la tranquilidad de los guatemaltecos que permanecen temerosos por los actos de barbarie que comenten los mareros en las calles del territorio nacional.
Así también hay que resaltar la captura de 109 delincuentes especializados en comerciar con el pánico de las personas que eligen como sus víctimas y a quienes desestabilizan no solo emocional sino económicamente, pues les arrebatan lo que con perseverancia han construido. Vale indicar que las acciones encaminadas a desbaratar esas redes criminales por parte de las entidades de la seguridad nacional y de la investigación y persecución penal deben ser acompañadas por sentencias firmes dictadas por las judicaturas encargadas de impartir justicia.
Para ello es imperativo que los fiscales del MP presenten ante un juez competente las pruebas contundentes e irrefutables que comprueben la participación directa o indirecta de los individuos aprehendidos en los operativos y allanamientos.
De no sostener con fundamento y apegado a las normas jurídicas que nos rigen, las acusaciones se desvanecen en los tribunales de justicia y más temprano que tarde los aludidos salen de la cárcel, por carecer de pruebas que demuestren su culpabilidad, a seguir delinquiendo como si nada hubiera pasado.
No debemos pasar por alto que la justicia juega un rol importante en los procesos que se siguen contra los implicados del delito de extorsión, y que resulta desmotivante no solo para quienes realizan las investigaciones, seguimiento y posterior detención, sino para la sociedad en general, ver como un trabajo celebrado con pompas y barullo se viene al suelo por falta de contundencia jurídica.
Los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad son positivos y plausibles para el país, empero, es necesario fomentar la cultura de denuncia en el ámbito nacional, así como el estricto compromiso, transparencia e imparcialidad de los operadores de justicia en los procesos penales. Toda vez que los resultados sean los esperados por un pueblo que ya no aguanta más con tanta muerte y dolor de viudas y huérfanos producto de las extorsiones.
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