La perversión se fortalecía con la venia de un sistema político diseñado en 1965, excluyente, conservador y débil.
La historia política, social y económica de Guatemala ha tenido sus golpes bajos, por infinidad de razones y actuaciones. Algunos miden esas consecuencias desde el final de la segunda mitad del siglo pasado; otros, diez años después de los 50, de ese espacio de tiempo, los más cercanos prefieren contar la inestabilidad del Estado desde el inicio de la democracia en 1985 y la llegada de Vinicio Cerezo y su gente.
Los de pensamiento de izquierda, como los socialistas, culpan a un sector duro como responsables de la cooptación del Estado, aquellos fraudes electorales antes de la llegada de Cerezo Arévalo. Los que vivimos los años 70 recordamos la manera como llegaron a la administración pública los generales Carlos Arana Osorio, Kjell Eugenio Laugerud y el mal recordado gobierno de Romeo Lucas García.
Las redes de corrupción y apoderamiento ilícito del recurso del pueblo ya operaban en ese entonces. La perversión se fortalecía con la venia de un sistema político diseñado en 1965, excluyente, conservador y débil, lo que llamó Mario Solórzano “democracia de fachada”. Eso nos llevó a un reacomodo de lo que se traía con lo que había que hacer para enderezar ciertas líneas urgentes, como romper con el militarismo y darle paso a la nueva estructura política civil.
Las reglas se hicieron, las instrucciones se dieron, la formación de partidos políticos surgió como algo nuevo, lo único que no se dijo es cuál tendría que ser la función de aquella organización que ganara el poder, se descuidó ese espacio que bien pudo ser la parte ideológica, de asesoramiento y de presentación de políticas públicas para un buen gobierno e iniciar con la práctica del “poder local”, que no era más que darle su lugar a la autoridad territorial, aquellas organizaciones con voz y voto en las comunidades, y alimentar la participación ciudadana. Por supuesto que para eso era necesario discutir y aprobar la trilogía de leyes que se dio más adelante (Descentralización, Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo y la Reforma al Código Municipal), para que se tuviera un marco legal y se pudiera iniciar la gestión local en manos del pueblo, vincular la participación social y avanzar en la solución de los problemas y necesidades más sentidas. Lamentablemente hubo gente corrupta que se aprovechó de la ingenuidad de muchos líderes y se inició la manipulación perniciosa.
El poder local debe preservar sus principios de participación social y comunitaria, ser el canal de expresión cívica política para promover y ejercer cargos en la alcaldías y concejos municipales. Por eso es urgente considerar en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la elección de gobernadores departamentales. Hay que lograr avances para aplicar más adelante la Ley de Descentralización, de lo contrario los pueblos no esperan nada de un Estado centralista que durante más de un siglo ha persistido en la manipulación política, ayudado con recursos privados, empresas mediáticas y la manipulación de pensamientos.
El poder local, como instrumento de integración territorial, facilita las discusiones y decisiones en torno a programas de desarrollo y resolución de conflictos. Hace falta integrar un sistema político nacional para darle a los gobernadores y alcaldes la facilidad de la toma de decisiones.
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