La seguridad ciudadana en lo local (II)

Además de la municipalidad y la comunidad, la seguridad local también requiere que se involucren  otros actores.

La semana pasada iniciamos un listado de 10 elementos a considerar en los programas de seguridad de los gobiernos locales, dejando pendiente 7 de ellos. Estos están incluidos en el Decálogo para la seguridad ciudadana a nivel local, esfuerzo realizado por el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center.

Al respecto, la tercera acción abordada por el documento se refiere a la capacidad de intervención entre la prevención y el control del delito; es decir, cuestiones como la aplicación de la inteligencia criminal y contar con un estado de fuerza policial adecuado es importante, más relevante aún si se combina con el mejoramiento del entorno urbano.

Un cuarto factor es el trabajo conjunto que los gobiernos locales deben realizar con la institución policial, enfocándose en alcanzar que la policía sea respetada, a través de la transformación de su relación con la comunidad.  La coordinación interinstitucional es la quinta idea a considerar, esta coordinación abarca más allá de las instituciones enfocadas en el tema de seguridad; es decir, se necesita el acompañamiento de programas de educación, empleo, salud, recreación y otros.

Otro elemento indica que la intervención, basada en un buen diagnóstico, puede mejorar los resultados, tomando en cuenta que el problema de inseguridad difiere de un territorio a otro.  El uso de la tecnología moderna es el séptimo elemento, si bien ello implica que algunos equipos sean de alto costo, también existen recursos que representan gastos menores como el uso de las redes sociales.

El octavo punto indica que la seguridad a nivel local no es solo responsabilidad de las municipalidades y de la comunidad; es importante el papel de la Iglesia, las empresas locales, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Un factor que puede crear opiniones encontradas trata sobre la posibilidad de promover medidas alternativas a la prisión para infractores menores.

El último elemento se refiere a que toda política pública debe estar sujeta al seguimiento, evaluación y sistematización, con ello, se puede asegurar que persista en el tiempo y se convierta en una herramienta clave para la prevención del delito y de acuerdo a las necesidades del municipio; para ello, es necesario compartir la responsabilidad entre el gobierno municipal, la comunidad y los diferentes actores locales.