Las comunidades carecen de representación política.
Una característica fundamental de la democracia es que el gobierno sea representante de la ciudadanía; es decir, que exprese y actúe de acuerdo a los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Para eso, el régimen político democrático debe proveer los instrumentos y condiciones entre las que destaca la libertad de organización. Así, los ciudadanos pueden organizar partidos políticos y otro tipo de asociaciones como los comités cívicos, sindicatos, asociaciones empresariales, organizaciones de derechos humanos y otras.
Los mecanismos que garantizan a las organizaciones de la sociedad civil expresar las demandas y las necesidades de los ciudadanos deben funcionar adecuadamente. Hay que cerrar la brecha entre el ciudadano y sus organizaciones, las que sirven de mediación entre él/ella y el Estado. Las organizaciones cívicas no requieren necesariamente tener grandes membresías, porque en muchos casos son representativas de sectores de la ciudadanía o del conjunto de la población abordando temas de interés nacional, como la defensa de los derechos humanos.
El problema en nuestro país es la falta de representación política del interior de la República. Dado el centralismo y la macrocefalia que padece nuestro sistema económico y político, que concentra recursos y actividades en la capital, los habitantes de los departamentos se encuentran excluidos de participar en los procesos de toma de decisiones, en la que se determina la dirección de las políticas públicas estratégicas que definen el destino del país.
Como quien dice, los departamentos, entre ellos los más importantes como Quetzaltenango, Zacapa y Huehuetenango, son furgón de cola de ese tren que se llama Guatemala. Las bases sociales de las organizaciones de la sociedad civil radican en la capital del país, y muy pocas veces tienen bases sociales en los departamentos, con la clara excepción de las organizaciones campesinas, indígenas y de maestros.
Por aparte, los partidos políticos que son los vehículos de representación por excelencia, han sido maquinarias al servicio de financistas y, además, solo funcionan en los procesos electorales, sin jugar otras funciones que les corresponden. Los vínculos de los partidos con la ciudadanía se agotan en la oferta electoral, en la venta de una imagen, y en los procesos clientelistas desde el poder; es decir, en el intercambio de privilegios y favores a cambio de apoyo político y financiero.
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