Guatemala requiere una cuota laboral para personas con discapacidad.
En investigaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales, indican que entre los pendientes de los Estados hacia las personas con discapacidad está su inclusión en igualdad de condiciones en el campo laboral, tema que en nuestro país presenta datos sumamente preocupantes, ya que según se ha logrado constatar en la encuesta del 2005, el índice de desempleo del colectivo supera el 85 por ciento y entre quienes se desempeñan en una actividad productiva, el 98 por ciento lo hace en la economía informal y sin acceso a protección social.
Entre los principales objetivos de todo programa de educación y rehabilitación de personas con discapacidad, se plantea su inclusión en los diferentes espacios de participación social, lo que comprende el derecho al trabajo, pero los avances son mínimos, los que se deben esencialmente al esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil y a la empresa privada, siendo muy mínimo el aporte del sector público.
A iniciativa de la vicepresidencia de la República, en el 2009 se realizó un sondeo a 50 Municipalidades y a los 14 Ministerios de Estado para determinar el número de personas con discapacidad empleadas en dichas instituciones, lo cual permitió establecer que solo el 39 por ciento eran trabajadores en esta condición, lo que llevó al entonces vicemandatario, el doctor Rafael Espada a plantear una propuesta de acuerdo gubernativo que regulase una cuota de participación en el tema laboral, inicialmente del 2 por ciento hasta alcanzar el 5 por ciento, planteamiento que no fue concretado.
Sin embargo, la iniciativa, sumada a acciones de años anteriores por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República con la que organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conadi) impulsaron una propuesta de reformas al Código de Trabajo, precisamente con la idea de establecer cuotas de inclusión laboral de personas con discapacidad, permitió retomar la inquietud para impulsar una propuesta de ley que regule esta cuota del derecho al trabajo.
El anteproyecto de ley alcanzó el grado de iniciativa en el año 2013, pero dadas las dinámicas y prioridades del Congreso de la República, no ha sido posible incluir su lectura y aprobación en la agenda legislativa; asimismo, la idea se contempla en la propuesta de reformas a la actual ley de discapacidad, por lo que al aprobarse se haría vigente la disposición, además que es una de las consultas que la ONU plantea a Guatemala para el examen de país en agosto próximo.
En la mayoría de los países del mundo ya existe legislación que define cuotas laborales para personas con discapacidad, las que oscilan entre el 2 y 5 por ciento, siendo Guatemala de los pocos Estados, si no es que el único, donde se carece de estas acciones que promueven el derecho al trabajo de nuestro colectivo, lo que nos limita severamente a satisfacer las necesidades que a diario vivimos y nos condiciona a quedar siempre a la saga del desarrollo humano.
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