sábado , 23 noviembre 2024
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En desarrollo allanamientos para capturar a 100 supuestos extorsionistas y sicarios

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Por medio de la operación denominada “Rescatando Guate”, en estos momentos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) desarrollan 145 allanamientos en 12 departamentos para de capturar a 100 supuestos extorsionistas y sicarios del barrio 18 y la mara Salvatrucha, dijo el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

Los operativos se desarrollan con fuerzas regulares y especiales, por tierra y aire con apoyo de unidades aéreas (helicopteros) y despliegue de radiopatrullas y equipo motorizado en Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Quiché, Zacapa, Suchitepéquez, Baja Verapaz y San Marcos. Se ha desplegado a no menos de 1 mil de personal por tierra con apoyo de helicópteros de la PNC, Comando Antisecuestros y Fuerza de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista (FIAAT) para sobrevolar las áreas de operación, dijo Jorge Aguilar, vocero de la PNC.

Hasta el momento el ente investigador reporta 70 capturas, entre estas: Marlen Guadalupe Martínez, Silvia Maritza Rivas López, Jairo Noé Chocón Teque, presunto jefe de la clica de la mara Salvatrucha se le incautó una tolva con munición para fusil y se presume es ranflero y/o jefe de la clica Chilangueras de la mara Salvatrucha; Mishel Lisbeth González Morente, Sabdy Denise Morales Hernández, Aura Alejandra Padilla de León, Delmis Isai Gutiérrez, María Saquic Toma, Reyna Odilia Reyes Juárez y Saulo Inés Jiménez Martínez a quienes se le incautaron teléfonos celulares y documentos que serán analizados.

“El objetivo es desarticular a dos estructuras criminales, una del barrio 18 y la otra de la mara salvatrucha, dedicadas a extorsionar a pilotos, comerciantes y empresarios” dijo Aguilar.

Asimismo, autoridades del MP dijeron que las órdenes de captura son por los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

De acuerdo con la investigación, ambas estructuras se han dedicado a exigir cobros ilegales a pilotos de buses extraurbanos, comerciantes y empresas privadas que utilizan camiones para distribuir sus productos en la región central metropolitana y el norte del país.

Las agrupaciones delictivas se habrían apropiado de Q2 millones, producto de la extorsión. Las investigaciones empezaron en 2014 por denuncias recibidas y a las cuales se les dio seguimiento. A algunos de los integrantes de la estructura hubo vigilancia y seguimiento hasta el momento de realizar el cobro de la extorsión.

El modo de operar de la estructura consiste en entregar el celular, llaman a las víctimas, las intimidan con armas de fuego y después de lograr acceder a que proporcionen el dinero lo depositan en un banco del sistema. Lo que se evidenció el cobro mano a mano en varios de los casos documentados.

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