La seguridad ciudadana en lo local (I)

En América Latina se ha destinado recursos para estudios que coadyuven al trabajo de la seguridad local.

La importancia de la participación de diferentes sectores en la búsqueda de mejores niveles de seguridad se ha acentuado con el tiempo. En el caso de los territorios municipales, se habla con más fuerza sobre el papel que juega el poder local en el tema de seguridad, cuestión que tiempo atrás se creía que no tenía relación.

En el caso de América Latina, se ha destinado tiempo y recursos para realizar estudios que coadyuven al trabajo que se realiza sobre la inseguridad en el ámbito local.  Uno de estos trabajos es el realizado por el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center denominado Decálogo para la seguridad ciudadana a nivel local que presenta diez elementos que una política pública municipal podría considerar. 

El primer elemento se refiere a liderazgo y atribuciones de la autoridad local, con colaboración de las autoridades nacionales. Indica que el gobierno local es el encargado de implementar los programas adecuados para prevenir el delito, mientras que el gobierno central colabora a través de los recursos financieros que traslada al municipio, la implementación de políticas públicas a nivel nacional que contemplen su ejecución a nivel particular y la aprobación de legislación que mejore el trabajo coordinado.

Un diagnóstico adecuado, generación de información de calidad y permanentemente actualizada para la planificación estratégica es el segundo elemento a considerar. 

Es decir, las políticas necesitan tener como base información confiable para ser creadas, lo cual es un reto que aún permanece en algunos países latinoamericanos, donde los registros y estadísticas de violencia no son tan certeros, como para confiar al cien por ciento en ellos.

Los demás elementos que conforman el decálogo de la seguridad local se refieren a la capacidad de intervención integral y coordinada entre la prevención y el control del delito; la necesidad de una Policía comprometida y alineada con la autoridad local; el espacio específico local de coordinación interestatal y con la sociedad para las políticas de seguridad; una adecuada focalización y distintos niveles de intervención; el uso de la tecnología moderna; la participación comunitaria y alianzas con sociedad civil a nivel local; alternativas a la prisión para infractores menores y el seguimiento, evaluación y sistematización de las políticas públicas, los cuales serán desarrollados en una segunda parte.