La saturación de casos emblemáticos, que conoce el Juzgado B de Mayor Riesgo bajo la conducción del juez contralor Miguel Ángel Gálvez, cada día aumentan y no paran. Se han vuelto interminables los procesos penales en los cuales aparecen como implicados los máximos dirigentes del Partido Patriota (PP), hoy en vías de extinción y de vestigios para no reincidir como no lo hizo ningún otro grupo político. En ese contexto, se presenta un caso más, por tráfico de influencias contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, denuncia presentada por el magistrado de la Sala Sexta de Apelaciones de Cobán, Carlos Aguilar Revolorio, quien asegura que fue presionado por Baldetti cuando era diputada para no desestimar un proceso penal contra la entonces primera dama Sandra Torres.
Pareciera que coleccionar delitos se ha vuelto una constante para quienes tuvieron en sus manos la administración de la cosa pública en el gobierno pasado. Sin embargo, fue tanto el descontrol y la codicia por el poder y el dinero, que la factura se ha vuelto impagable por los intereses tan altos por sufragar. Ya no es extraño que cada cierto tiempo se conozcan más procesos de tipo penal contra los exmandatarios del PP, cuya incorporación se hace extensiva al historial de delitos: cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, lavado de dinero, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Las y los guatemaltecos estamos a la expectativa del veredicto final que se dictará en torno a los señalamientos de los cuales han sido objeto los exfuncionarios públicos en mención, pues en este momento continúan los alegatos tanto por parte de la defensa de los implicados como del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
En consecuencia, la justicia, como nunca antes, tiene en sus manos imponer una condena histórica o declarar la absolución de los ilícitos que la entidad encargada de la investigación y persecución penal ha endilgado a quienes fueran no solo las más altas autoridades del país, sino también los principales representantes de la agrupación política naranja. Casos como La Línea, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Cooptación del Estado y La Cooperacha, que avergonzaron y encolerizaron a la sociedad por su forma despiadada y descarada de defraudar a las entidades estatales, aguardan en el crisol de la justicia su desenlace.
Vale enfatizar que la lucha por erradicar los vicios de la corrupción y de la impunidad de nuestro Estado no claudica, es más, se extiende hacia las políticas que han macerado por décadas el erario nacional.
Por ello, las entidades que formularon las serias acusaciones, hoy, deben fundamentar con pruebas contundentes e inobjetables la culpabilidad de quienes se dieron gusto viéndole la cara a la población. Ojalá que el peso de la ley caiga sobre todos aquellos que un día olvidaron que en nuestra nación a cada hora hay muertes por la falta de servicios básicos, pues no dudaron en enriquecerse y dilapidar los recursos financieros del pueblo, desnudando aún más los infortunios que enfrentamos.
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