Gobernar no es igual a hacer negocios.
Pareciera que, como consecuencia de revelaciones que han impactado la conciencia ciudadana, de nuevo la agenda política de Latinoamérica se centra en el tema de la corrupción. La sociedad demanda transparencia y uso apropiado de los recursos públicos, que por su esencia pertenecen a todos y a todas. Es un tema ético, al que le llegó por fin, su momento histórico. Los pueblos de la región han decidido decir basta a todos los políticos que creen que llegar al poder significa adquirir el derecho de hacerse ricos de la noche a la mañana.
Como en otros temas, la comunidad internacional apoya a los actores de la sociedad civil y, a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala atacan un mal que ha durado décadas. En la lucha por extirpar ese flagelo, se ha descubierto que la clase política elevó la corrupción a arte mayor.
De la izquierda a la derecha, del centro político a sus alrededores, ya no importa a qué ideología pertenece, muchos que han hecho gobierno en América Latina han abusado de su condición de funcionarios públicos y utilizado los bienes del Estado para su propio disfrute (y en muchos casos se han convertido en millonarios). Desafortunadamente, pertenecer a una ideología defensora de los intereses de los desposeídos y tener raíces populares, o a una que defiende la racionalidad del mercado y la unidad nacional, ya no es garantía de honestidad y entrega al trabajo por el bien público. La conducta de la clase política se ha distinguido por un elemento esencial, la corrupción, con muy honrosas excepciones.
Se equivocan quienes argumentan, tratando de justificar esta conducta, que la corruptela no es atributo solo del sector público, ya que grandes y medianos empresarios, así como los ciudadanos, practican la corrupción, esta es un rasgo de la sociedad y no solo del Estado. Sin embargo, como en la aplicación de la ley, la conducta moral le corresponde primero y, sobre todo, a las personas que se encuentran en la esfera pública. Si los funcionarios no actúan dentro de la ley, ¿quién lo hará? Si los gobernantes son corruptos y deshonestos, ¿quién lo será? Los políticos deben entender que son modelos que le dan forma a la vida de la gente, que los habitantes se ven en ellos, y que, por lo tanto, de ellos emana el deber de actuar de acuerdo con la ley y las normas morales. En este momento, los ciudadanos se dan cuenta que ya no quieren verse representados por quienes han hecho de la política el negocio de la vida.
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